Plan General de Urbanismo (PGU)

La ordenación urbanística, en su cometido de asignar usos e intensidades al territorio objeto de planeamiento, necesita conocer cómo va a evolucionar en el futuro la demanda de suelo para los diferentes usos presentes en la ciudad.

Un Plan, cual sea su naturaleza, incorpora siempre un ejercicio prospectivo consistente en definir el comportamiento previsible de las variables que se encuentran en la base de su desarrollo.

En planeamiento, el procedimiento habitual de realizar el pronóstico del desarrollo urbano sigue una secuencia que se podría esquematizar de la siguiente manera:

Se parte de unas proyecciones de población que contemplan diferentes hipótesis de crecimiento; de ellas se selecciona la que aparece como más probable y que se ajusta a las previsiones autorizadas o a las limitaciones impuestas por instancias de ámbito superior de carácter comarcal o regional.
En base a la evolución de la población proyectada, se estiman las necesidades de vivienda que conlleva, para lo que hay que hacer supuestos sobre el comportamiento futuro del índice municipal de habitantes por vivienda, el porcentaje previsible de viviendas vacías, el necesario margen de flexibilidad, etc.
La estimación de la demanda de viviendas se traslada a necesidades de suelo residencial según las tipologías y densidades previstas, para lo cual debe tenerse en cuenta que siempre debe haber una holgura entre la capacidad de viviendas que incorpora el suelo residencial necesario y la demanda efectiva de viviendas.
La población proyectada sirve también para estimar la evolución del empleo en el municipio, pudiéndose entrar en diferentes hipótesis sobre el comportamiento futuro de las tasas de actividad.
Los incrementos de empleo deben traducirse en necesidades de suelo para usos productivos, conviniendo en este caso centrar el ejercicio prospectivo en el desarrollo previsible de aquellas actividades económicas que exigen suelo de uso exclusivo.
Debe estimarse por último la demanda futura de equipamientos en materia de educación, sanidad, asistencia social, cultura, deporte y Administración pública, evaluándose también las necesidades de espacios verdes que la legislación establece.

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